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El 1 de mayo de 2008 entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a todas las entidades del sector a disponer del Perfil del Contratante, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual. Asimismo, el sistema informático que soporte el perfil del contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo.

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